Por Luis Ángel Saavedra,
desde Quito
Tradução: ADITAL
Poço petroleiro no meio da selva, em Sucumbíos.
(Foto: Luis Ángel Saavedra)
As decisões tomadas pelo presidente Rafael Correa com relação às jazidas de petróleo situadas no território indígena demonstram cada vez mais a pouca vontade do governo equatoriano para respeitar as normas constitucionais que protegem os direitos dos povos e da natureza.
As decisões de Correa, inclusive, geraram uma polêmica dentro da própria equipe de governo. Por um lado, funcionários dos Ministérios de Justiça e do Ambiente, que adiantavam gestões desde 2008 para cumprir as medidas cautelares ditadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Cidh) para a proteção dos povos Tagaeri, Taromenane e Kichwa de Sarayaku, e funcionários da Presidência e do Ministério de Recursos Não Renováveis, que informavam em fins de junho, os novos planos de licitação petroleira, desperdiçando o trabalho adiantado pela Justiça e Ambiente.
A medida cautelar a favor dos Tagaeri e Taromenane, emitida em 2006, é uma das várias medidas de proteção emitidas pela Cidh para proteger a vida e o território de diversos povos indígenas equatorianos e que estão em contradição com a política extrativista do governo.
Além disso, as novas políticas de exploração petroleira contradizem medidas anteriores do próprio presidente Correa, que definiu uma política governamental de proteção aos povos não contatados ou em isolamento voluntário ao criar, em 2008, o Plano de Remediação Ambiental e Social e o Plano de Medidas Cautelares. Esses planos buscavam implementar as melhores alternativas para cumprir com o acordado entre o governo e a Cidh, em especial no relacionado com o respeito aos territórios onde tem se evidenciado a presença desses povos, exortando a limitar a exploração de recursos petroleiros e madeireiros.
Campo Armadillo
O governo decidiu convocar a licitação, em 19 de junho, o denominado "Campo Armadillo”, na província amazônica de Orellana, que é catalogado como um "campo marginal”, isto é, cuja produção petroleira não é significativa e, apesar de ter apoio de financiamento do orçamento nacional, não constituirá em ingresso de alto impacto financeiro.
No entanto, sim, possui outro valor estratégico: sua proximidade ao Parque Nacional Yasuní, onde se encontra o Campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), que constitui a maior reserva petroleira nacional e tem sido motivos da campanha internacional que busca compensações para não explorar o petróleo e conservar a alta biodiversidade dessa zona, declarada como intangível.
O Campo Armadillo, ao estar próximo ao Parque Yasuní poderia servir como infraestrutura básica para a exploração do ITT e facilitaria a conexão dos oleodutos necessários para o transporte de cru.
Em Campo Armadillo foram encontradas evidências de assentamentos e trânsito dos povos amazônicos Tagaeri e Taromenane que ainda permanecem em isolamento voluntário. No entanto, Correa mostra-se cético sobre a responsabilidade do Estado para proteger esses povos e, inclusive, tem feito comentários não muito felizes sobre seus direitos, como os de maio de 2010, em uma de suas cadeias radiais dos sábados.
[em breve, a tradução completa ao português]
"Quieren que no se explote Armadillo porque se vio cerca a grupos no contactados. Dios no quiera que veamos no contactados en Quito y tengamos que desalojar Quito”, dijo irónicamente el mandatario.
La convocatoria a licitación del Campo Armadillo constituye prácticamente una sentencia de muerte para los tagaeri y taromenane. En Ecuador no es novedad la desaparición de pueblos indígenas a causa de las actividades petroleras, pues ya en la década de los 80 desaparecieron los tetetes y sansahuaris, dos pueblos de la nororiental provincia de Sucumbíos, que sufrieron el embate de las actividades de la petrolera estadunidense Texaco.
Para prevenir la desaparición de los tagaeri y taromenane, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) decidió presentar el 29 de marzo pasado una demanda contra Correa por "genocidio”, aduciendo que su política extractivista provocará la muerte de los pueblos no contactados. La demanda presentada en un juzgado de la capital ecuatoriana fue desechada aduciendo que no había señales de que el gobierno esté interviniendo en el Campo Armadillo. Sin embargo, la convocatoria a la licitación actual de Armadillo actualiza esta demanda que ahora ya se encuentra en la CIDH, a la espera de un informe de admisibilidad.
Mientras tanto, el proyecto de compensación por dejar bajo tierra el petróleo del ITT ha encontrado más obstáculos que los esperados y las negociaciones con los países que habían mostrado su deseo de cooperar en la consolidación de una canasta de donantes parecen ir definitivamente al fracaso a consecuencia de la propia ambigüedad del gobierno en su política de defensa de los derechos de la naturaleza. Esto ha llevado al gobierno a pensar ya en la explotación de este campo, para lo cual ha adelantado la implementación de campamentos base y está negociando con autoridades locales la adhesión al proyecto. Por lo pronto, Correa anunció que, de no tener las compensaciones requeridas a fines del 2011, se podría iniciar la explotación de al menos una parte del campo ITT.
Sarayaku vuelve a la CIDH
La CIDH también ha emitido medidas de protección que benefician al pueblo kichwa de Sarayaku, de Pastaza, en la Amazonia sur del país, quienes se resistieron al ingreso de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC).
En 1996, el Estado ecuatoriano concesionó territorios de Sarayaku a CGC. La empresa inició un proceso de prospección sísmica con la detonación de pentolita. Más de 1,500 kg de este explosivo aún no han podido ser desactivados porque ni el Estado ni la empresa han facilitado los recursos financieros para estas actividades.
La oposición de la comunidad Sarayaku y las medidas cautelares dictadas por la CIDH obligaron al Estado ecuatoriano, a mediados del 2007, a cancelar la concesión; sin embargo, el año pasado el gobierno redefinió los bloques petroleros y de nuevo incluyó territorios de este pueblo indígena para futuras convocatorias para explotación petrolera.
La decisión del gobierno reactivó la amenaza contra este pueblo, que nuevamente ha acudido ante la CIDH, la cual recibió a sus representantes el 6 de julio en audiencia general.
Los líderes indígenas relataron ante la CIDH cómo la lucha contra la petrolera impidió que entre el 2002 y 2006 pudieran cultivar y realizar sus festividades tradicionales, por haberse dedicado a vigilar que la CGS no siga con las actividades de prospección petrolera.
"Dejamos de cazar, dejamos de cultivar, dejamos de trabajar y pasamos hambre para proteger el territorio”, aseguró la líder indígena Patricia Gualinga.
Sin embargo, la parte más fuerte de la intervención de los indígenas de Sarayaku fue cuando su líder espiritual, Sabino Gualinga, de 90 años, aseguró que con las detonaciones de la pentolita realizadas por la CGC para la prospección símica murieron árboles sagrados y desapareció la mitad de los seres espirituales de la selva.
"Pasamos mucha tristeza y desgracia. En la selva viven seres ancestrales, los amos de la selva, y es una calamidad que desaparezcan, porque aparecerán enfermedades”, afirmó Sabino Gualinga en su lengua natal, el kichwa.
Por su parte, el representante del gobierno nacional hizo una débil exposición de los avances realizados para proteger a Sarayaku y no pudo explicar la nueva política petrolera. La defensa del gobierno se basó en el testimonio de un indígena evangélico que afirmaba su complacencia por los adelantos dados por el gobierno y la necesidad del desarrollo.
Ahora la CIDH deberá decidir qué medidas se deben implementar para proteger a este pueblo indígena.