El largo camino de la memoria, la verdad y la justicia en ArgentinaEn el tema derechos humanos, Argentina ha sido un ejemplo para América Latina. Ha ido a la vanguardia en la aplicación de justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad en periodos de excepción, lo que le ha permitido generar jurisprudencia a nivel internacional.
Francisco Luque
El largo camino de la memoria, la verdad y la justicia en Argentina
Existe un plano televisivo que para la gran mayoría de los argentinos es el acto fundador de la transición democrática en país: El 9 de diciembre de 1985, el juez, León Carlos Arslanián, lee con voz firme y ante las cámaras de TV la sentencia que responsabiliza a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas de la elaboración y ejecución de un plan sistemático de aniquilamiento durante el denominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), y que terminó con la vida de miles de argentinos. Fue el histórico “Juicio a las juntas”
La última dictadura militar ha sido el proceso mas criminal de que tenga noción la Argentina. Una página negra en su historia donde decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio, como parte del plan diseñado para aniquilar a la disidencia. Además de los 30.000 desaparecidos que registran los organismos de derechos humanos, se debe sumar un número importante de niños que se estiman entre 250 y 500, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en cientos centros clandestinos de detención.
En el tema derechos humanos, Argentina ha sido un ejemplo para América Latina. Ha ido a la vanguardia en la aplicación de justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad en periodos de excepción, lo que le ha permitido generar jurisprudencia a nivel internacional. A diferencia de otros países que vivieron de igual manera el peso de regímenes autoritarios, tales como Chile que realizó una transición pactada con el dictador Augusto Pinochet o de Uruguay, en donde en 2009 se sometió a plesbicito y fue reafirmada la ley de caducidad, que consagraba la impunidad de los delitos de violación a los derechos humanos, Argentina, con avances y retrocesos, ha gestado doctrina jurídica y una política de Estado que le ha permitido genera un corpus para la aplicación de juicio y castigo a los responsables de estos crímenes
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti sostiene que los juicios por los crímenes de lesa humanidad son parte del contrato social de los argentinos. “Este proceso social tuvo como reflejo un proceso institucional progresivo y múltiple. Cuando la tarea fue edificar una democracia que no se nos fuera nunca más de las manos, y para ello debió afrontar el pasado de violaciones a los derechos humanos como principal desafío.
Para el sociólogo Ricardo Foster, este es un momento en que la sociedad argentina ha podido reparar algo del irreparable daño infringido a otros en el pasado.
Un poco de historia. Al asumir, el presidente Ricardo Alfonsín (1983-1986), firma los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Aquella investigación será publicada en el libro “Nunca más”. Tiempo después, y cediendo a las presiones de los altos mandos militares, a través del levantamiento de Campo Mayo por un grupo de militares “cara pintada”, el presidente Alfonsín promulgó las leyes de Obediencia Debida y Punto final, que derogaban las acciones penales contra los mandos intermedios que participaron en la ejecución de Terrorismos de Estado.
Posteriormente, el presidente Carlos Menen (1989-1999) concede el indulto presidencial a los máximas cabezas de la dictadura, Jorge Videla y Eduardo Massera, condenados ambos a cadena perpetua en 1985.
El 15 de abril de 1998, por la ley 24.952, se derogaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que posteriormente, el 2 de septiembre de 2003, fueron declaradas «insanablemente nulas». El 14 de junio de 2005, la Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de estas leyes, además de establecer la validez de la ley de nulidad.
Primero Néstor, y luego Cristina Kirchner retoman y dan decidido respaldo a la actuación judicial contra la impunidad. La voluntad de ambos será reconstruir la memoria histórica de este período oscuro para lo cual toman una serie de decisiones políticas fundamentales que reabren el camino de la justicia y permiten el conocimiento de la verdad.
En el 2004, Néstor Kirchner abrirá las puertas del centro de detención de la ESMA y transformará el lugar en un centro de reflexión para memoria y la verdad mirando a las nuevas generaciones. Asimismo, en un acto pleno de simbolismo ordena descolgar los cuadros de los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Bignone, ex presidentes de facto y antiguos directores del Colegio Militar. En este ambiente contra la impunidad se reactivan los juicios a militares y agentes de seguridad del Estado durante la dictadura.
Este devenir de la justicia, sostiene el juez Lorenzetti, fueron también el resultado de dinámicas sociales y políticas más complejas, cambios en los estados de opinión, relaciones de fuerza o prioridades contradictorias que en cada momento colocaron a los presidentes, legisladores y jueces ante disyuntivas de no fácil resolución una vez aceptado que ni el olvido ni la impunidad serían opciones válidas o aceptables.
Como sostuvo el Juez español Baltasar Garzón, Argentina es un país que sufrió la más cruenta de las dictaduras y que inició luego un camino de reparación y construcción institucional que dio contribuciones fundamentales al derecho internacional en materia de derechos humanos.