El claro oscuro de la verdad y justicia en el Cono SurLas dictaduras militares de la región, sustentadas por la Doctrina de seguridad nacional impuesta durante las décadas del 70 y 80, elaboraron estrategias de consolidación de formas particulares. Asimismo, los procesos judiciales desarrollados en cada país luego del fin de los gobiernos de facto, relativos a la búsqueda de memoria, verdad y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos, también han tenido características propias.
Francisco Luque - Buenos Aires
Aunque de similar modus operandi, las dictaduras militares de la región, sustentadas por la Doctrina de seguridad nacional impuesta durante las décadas del 70 y 80, elaboraron estrategias de consolidación de formas particulares. Asimismo, los procesos judiciales desarrollados en cada país luego del fin de los gobiernos de facto, relativos a la búsqueda de memoria, verdad y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos, también han tenido características propias.
Este fue uno de los lineamientos temáticos planteados en la Jornada sobre perspectivas comparadas de los procesos de memoria, verdad y justicia en el Cono Sur, realizada ayer en Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en los predios del ex centro de detención y tortura de la ESMA, en Buenos Aires.
A la actividad convocada por el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) y la Asociación Civil de Corresponsales Extranjeros en Argentina, más el apoyo del programa del gobierno argentino “Memoria en Moviendo”, asistieron expertos de derechos humanos de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, con el objetivo de comparar las realidades nacionales en materia de derechos humanos y contribuir a la promoción de una identidad regional sobre el tema.
Al terminar las dictaduras militares, los procesos judiciales de cada país activaron complejas discusiones. Temas como la imprescriptibilidad y no amnistía de los crímenes de lesa humanidad, la intervención de tribunales militares, las garantías de los imputados, las dificultades probatorias y procesales par casos con múltiples víctimas e imputados y ocurridos hace muchos años, la complicidad de los operadores judiciales, la cooperación o renuencia de las fuerzas armadas y de seguridad con las investigaciones y los mecanismos para proteger de modo integral a victimas, testigos y funcionarios, fueron algunas de las problemáticas que han debido sortear el conjunto de la sociedades para hacerse cargo de su pasado oscuro.
Si bien los procesos nacionales son distintos, en muchos casos notoriamente en cuanto a los tiempos en los que han surgido los debates, los temas de discusión, las políticas adoptadas, el interés público y los actores sociales y políticos que resultaron para su surgimiento y sostenimiento, lo cierto es que también existen numerosos elementos comunes y una fuerte vinculación entre las experiencias locales. Aparecen además rasgos compartidos que distingue al conjunto de los países de la región de otras experiencias en materias de verdad, justicia y memoria relativas a los derechos humanos en el resto del mundo.
En tal sentido, y en general, los procesos de justicia se han caracterizado por ser impulsados mediante políticas públicas diseñadas e implementadas a nivel doméstico y no utilizando leyes o tribunales especiales, sino apelando a la legislación propia y a los jueces naturales. Así también, estos procesos de verdad y justicia contaron con un fuerte involucramiento de las víctimas, familiares y las organizaciones sociales, a la vez que se desarrollaron respetando los compromisos internaciones derivado de los instrumentos de derechos humanos más relevantes de la materia.
Sobre el proceso brasilero, Marcelo D. Torelly, Coordinador General de Memoria histórica y Secretario-Ejecutivo Adjunto de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil, destacó positivamente la reciente conformación de la Comisión Nacional de la Verdad para establecer las violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1964 y 1988 por la dictadura militar. Torelly señaló que es un paso importantísimo para una sociedad que ha estado ajena a las verdaderas implicancias de la dictadura en el país, donde, por ejemplo, “no sólo se desconocen la articulación que tuvo el Plan Cóndor, sino su propia existencia”. Asimismo, destacó también que si bien la ley de amnistía adoptada por la dictadura en 1978 ha impedido la posibilidad de juzgar penalmente a las violaciones de derehos humanos, los debates en torno a su validez constitucional se han reactivado a la luz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gomes Lund.
En Chile, a pesar de la ley de amnistía dictada por Augusto Pinochet, desde el año 2000 la posibilidad de juzgar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad ha cobrado impulso. La detención de Pinochet en Londres, a fines del 1998 y su posterior desafuero como Senador vitalicio, fue un punto de inflexión para obtener justicia. Según la periodista Mónica González, en la actualidad, 773 ex agentes de servicios de seguridad han sido procesados y/o condenados por crímenes asociados a violaciones de derechos humanos. Un total de 245 han recibido sentencias condenatorias definitivas confirmadas por la Corte Suprema, entre ellos, siete altos oficiales responsables de los aparatos de seguridad de la dictadura.
El caso paraguayo es el presenta menos avances. Yudith Rolón, directora de la Dirección general de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo, sostiene que luego de más de 30 años de dictadura y 10 años de transición democráticas, recién en 2003 se creó la Comisión Nacional de Verdad y Justicia, cuyo informe final desarrolló exhaustivamente las características del régimen del dictador Alfredo Stroessner, describiendo los principales crímenes de su gobierno cometidos de manera masiva y sistemática. No obstante la crudeza de este informe, el Poder Judicial paraguayo no ha habilitado causas penales al respecto. Cabe destacar que en Paraguay no se dictó ley de amnistía. Recién en los últimos años han producido algunas investigaciones y judialización de algunos casos, como la búsqueda de 100 personas desaparecidas en predios de la Policía Nacional paraguaya.
El proceso uruguayo ha tenido avances y retroceso en los últimos 25 años. A pesar de la vigencia de la ley de caducidad sancionada por el parlamento en 1986 respecto a la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), aprobada además por 2 referéndum (1989 – 2009), la demanda de los familiares y organismos de derechos humanos por verdad y justicia nunca se abandonó.
En el 2005, el ejecutivo uruguayo modificó su interpretación de la citada norma lo cual habilitó la sustentación de nuevas causas, que hoy se encuentran en proceso.
Otro avance fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay que en 2009 declaró inconstitucional la ley de Caducidad y su incompatibilidad con los estándares internacionales de derehos humanos.
El proceso de justicia en Uruguay recibió un fuerte espaldarazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando, en un fallado promulgado en febrero de este año, dispuso que el Estado uruguayo deber conducir y llevar a termino en plazo razonable la investigación sobre las víctimas del caso Gelman, desaparecidos en Argentina, a fin de esclarecer los hechos, determinando las correspondientes responsabilidades y aplicar las consecuentes sanciones.
Por el momento el proceso de justicia en Uruguay dio como resultado un total de 18 pesonas procesadas, entre ellos el presidente de facto Juan María Bondaberry y su canciller, Juan Carlos Blanco.